Mientras que en el resto del mundo se discute y se adoptan medidas para proteger el recurso más escaso e importante para la vida: Las Naciones Unidas (ONU) incorporó el agua como derecho fundamental del ser humano, tal cual lo es la alimentación. Las Iglesias Católica y Evangélicas exigen a los Estados que el agua se considere y se trate como bien público. En Chile las empresas mineras despilfarran el agua.
En Chile, en la región más seca y uno de los desiertos más árido del mundo la actual legislación permite la propiedad privada del agua a perpetuidad. Lo cual conlleva al uso indiscriminado y discrecional del recurso hídrico de quienes ostentan la propiedad, señaló Miguel Segovia, ingeniero químico, académico de la Universidad Arturo Prat.
El profesional que además es consultor de la Corporación Nacional Indígena (CONADI) manifestó que no se trata de estar contra del desarrollo económico de la región, porque eso a la postre significa fuentes laborales y mejora en la calidad de vida de las personas, sin embargo precisó no se puede bajo ningún pretexto permitir la explotación irracional de los recursos naturales, menos cuando se trata del agua.
Segovia explicó que todas las empresas requieren de una importante cuota de agua para los procesos productivos, aclarando que la minera Collahuasi es la que lleva la delantera porque además utiliza el agua como transporte. El académico de la UNAP manifestó que la empresa minera para bajar los costos transporta el mineral hasta el puerto de Patache a través de un mineroducto con agua con un enorme costo del punto de vista hídrico y ambiental
En tanto el consejero regional Hernán Saavedra, miembro del Centro de Estudios Hídricos, manifestó que la región requiere un estudio autónomo financiado por el gobierno regional para conocer con exactitud las reservas hídricas. El core argumentó que desde 1985 no se realiza un estudio profundo sobre las reservas de las napas subterráneas.
Más adelante Saavedra señaló que el agua dulce debe ser absolutamente destinada al consumo humano y animal y que las empresas mineras deben utilizar agua de mar para sus procesos productivos. Es increíble que en una de las zonas más secas del mundo se despilfarre de tal manera el agua, agregando que la naturaleza entrega cierta cantidad de agua, pero al ritmo que se está extrayendo no se da tiempo para que se recupere. Prueba de ello es Lagunilla que terminó por secarse por la extracción abusiva de Cerro Colorado, en tanto Pichincha y Salar de Coposa sufren gran estrés por agotamiento
El consejero dijo que el consumo humano de agua no alcanza a ser el 15% por ciento de toda el agua que se consume en la región, el resto la consumen indiscriminadamente las empresas mineras. Luego aclaró que mientras la gente debe pagar por el consumo de agua, las compañías mineras la extraen y utilizan a título gratuito y lo que es peor aún, de acuerdo a la legislación vigente sus derechos de aguas son perpetuos” terminó diciendo el consejero regional. (ver nota aparte)
El agua como transporte de mineral
La empresa minera Inés de Collahuasi, la tercera mayor productora de cobre del mundo, baja el mineral desde el centro de explotación hacía el puerto de embarque Patache, utilizando enormes cantidades de agua. Las aguas contaminadas posteriormente son depositadas en lagunas de evaporación, ubicadas frente a la caleta pesquera Cáñamo. La empresa minera para deshacerse de los inmensos volúmenes de aguas contaminadas implementó el riego de 23 hectáreas con especies arbóreas. Las especies no pueden ser transplantadas, ni utilizadas en el mismo lugar por el alto grado de contaminantes que poseen.
Título aparte se merece el nivel incalculable de contaminación provocada al suelo y subsuelo del sector de Patache y lugares aledaños. El año pasado en el mes de octubre se descubrieron alarmantes infiltraciones y afloramientos.
En nuestro país el agua es una mercancía, no un derecho
La legislación respectiva rige desde 1981 y fue diseñada por el gobierno militar bajo la premisa de que el vital elemento debe ser tratado como una mercancía.
La experiencia chilena es estudiada por Universidades alrededor del mundo como un caso único. El sistema nacional ha privatizado y dejado en muy pocas manos gran porcentaje de sus recursos hídricos.
Es así que Chile aparece como el país más liberal con respecto a la propiedad del agua, a tal punto que se han escrito libros al respecto.
Todo comenzó con el código de aguas de 1981, que permite al Estado entregar gratuitamente y a perpetuidad los derechos de agua, dejando en libertad a los dueños para vender o traspasar estos derechos a quién lo desee, al precio que marque el mercado.
En la región de Tarapacá los principales dueños del agua son las empresas mineras, lo que ha generado una serie de conflictos con las comunidades, especialmente indígenas.
La nacionalización del agua
En este escenario la iglesia, organizaciones sociales, ONGs y el mundo político han levantado la voz y exigido cambios sustanciales al código de aguas.
El Comité Hídrico encabezado por el MOP trabaja en una propuesta que permita al Estado recuperar la propiedad del agua.
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